El miedo a quedarse sin ascensor en las comunidades de vecinos de la provincia colapsa la inspección del Consell.
La normativa estatal que entra en vigor en julio obliga a detener el funcionamiento de los elevadores a las 24 horas de caducar su ITV. Comunidades de vecinos llevan a los organismos de control a redoblar esfuerzos.
Miles de vecinos de la provincia de Castellón apuran la cuenta atrás hasta la llegada de julio pendientes de los ascensores de su edificio, con la incertidumbre de si, a partir de entonces, podrán utilizarlo o no. La razón hay que buscarla en la la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), aprobada el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor el 1 de julio 2024. Se trata la normativa, recogida en el Real Decreto 355/2024 del 2 de abril del 2024, relativa a la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores. De esta forma, se quieren implementar medidas de seguridad a los viejos ascensores, tal y como los tienen los modernos.
Son varios los aspectos que recoge la nueva ITC, pero uno de los más controvertidos está relacionado con el futuro de los ascensores una vez finaliza el plazo para pasar la última inspección. Fuentes de la Conselleria de Industria recalcan que «el aspecto más revolucionario viene en el artículo 7, en el que se dice que una vez vencido el plazo para pasar una inspección en un ascensor este quedará fuera de servicio a las 24 horas». «Esto antes no era así, ya que antes aunque venciera el plazo para pasar la inspección se podía hacer unos días, semanas o incluso meses después sin que quedara fuera de servicio a las 24 horas», lamentaron las mismas fuentes de la Conselleria. Cabe recordar que la inspección periódica es obligatoria cada cuatro años en ascensores de edificios con más de 20 viviendas o más de cuatro plantas. En el caso de edificios con menos de 20 viviendas o menos de cuatro plantas, el plazo vence a los seis años. La provincia cuenta con casi 19.000 ascensores instalados según datos de la Conselleria.
El problema estriba en que los servicios de la Generalitat Valenciana encargados de realizar la inspección a los ascensores se han saturado por el ‘miedo’ de las comunidades de vecinos a no poder utilizar el ascensor. «Lo que sucede ahora es que ante la próxima entrada en vigor del decreto todos aquellos que les ha vencido el plazo para pasar la inspección están llamando a los Organismo de Control (OC) para pasarla y esto está suponiendo un trabajo extra», reconocieron estas mismas fuentes del Consell.
«La situación de una carga de trabajo superior se debe a que todos quieren regularizar la inspección, es una situación que se entiende que en cuanto se normalice volverá a bajar el ritmo de inspecciones», exponen desde Industria. Este próximo lunes, comunidades autónomas y Ministerio de Industria tienen una reunión de trabajo para abordar la problemática que genera la normativa, especialmente, el artículo 7 que afecta a las inspecciones técnicas.
Algunos de los requisitos que se van a pedir para cumplir con esta nueva normativa son la nivelación de los ascensores, para limitar el desnivel entre fuera y dentro, para evitar accidentes. También, la detección en puertas con cortinillas no solo por haz puntual, evitando atrapamientos por las puertas de cabina. En los ascensores antiguos, existe una instalación de 2 fotocédulas en la parte baja, mientras los modernos, cuenta con sistemas de barreras fotoeléctricas, cubriendo mayor superficie.
Por otro lado, la regulación de estas medidas incluye también la existencia de un sistema de comunicación bidireccional, para poder comunicarse con el exterior. A esto se le suma, la protección del usuario frente a movimientos ascendentes incontrolados o en reposo, puertas abiertas o modernizar el contrapeso.
Hay que remarcar que en España, se han contabilizado un total de 1.180.000 ascensores al finalizar el año pasado (según la Federación empresarial española de ascensores), de los que se espera que entre el 35-40% de ellos, se vean afectados por esta nueva normativa al ser más antiguos.
El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón, Joaquín García Lombard, explica que «ciertamente, la nueva normativa ha endurecido los criterios y obliga a contar con nuevos sistemas que complicará un poco la adaptación a lo que exige la ITC».
«Además, habrá plazos más cortos para adaptarse pero poco a poco iremos adaptándonos, como siempre hemos hecho a cada normativa que se publica», indicó García Lombard, quien consideró que «realmente, creemos que serán muy pocos los ascensores que se quedarán sin funcionar, los más antiguos o los que estén en peores condiciones, serán casos muy puntuales». «A los administradores de fincas nos gustaría tener un poco más de tiempo y por ello intentamos no ver más allá del día a día e ir cumpliendo poco a poco con la normativa, no preveemos que vaya a tener una gran afección», subrayó el vicepresidente del Colegio.
Por otro lado, la Generalitat, a través de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha participado esta semana en el Congreso Nacional de Administradores de Fincas que acoge Alicante hasta el 1 de junio. El director general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), Ernesto Fernández, destacó la figura del administrador de fincas en la mejora de la gestión de los edificios y la convivencia en las comunidades vecinales.
Fernández recordó que la Vicepresidencia mantiene un convenio de colaboración con los administradores de fincas para mejorar las condiciones de gestión de los edificios del parque público de la Generalitat que presentan vulnerabilidad social, económica y arquitectónica.
Los Administradores de Fincas: “Cuesta encontrar interesados”
El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón, Joaquín García Lombard, explica que en la actualidad son alrededor de 107 los profesionales que se dedican a esta tarea en nuestra provincia, una cifras que apenas ha variado en los últimos cinco años, «a diferencia del conjunto de España, que se han reducido».
No obstante, reconoce «cada vez cuesta más encontrar profesionales que se quieran dedicar a esto, porque no es una profesión atractiva». «Tenemos la sensación de que el nivel de estrés que afecta a la sociedad se refleja contra los administradores de fincas. No se pueden tolerar faltas de respeto, ni en conversaciones telefónicas ni en juntas de vecinos», lamenta el representantes del órgano colegial. «Quiero poner en valor el trabajo de los administradores de fincas, hay que huir de ese cliché que dice que nosotros solo llevamos las cuentas, eso no es cierto», insiste García-Lombard.
Por otro lado, el experto subraya que «las comunidades deben entender que las reglamentaciones cada vez son mayores, en ascensores, control de incendios, parkings, hacienda, riesgos laborales… Las comunidades no son conscientes de todo lo que cambian las normativas y lo que implica todo ello para los administradores»
@Danivicnt